¿Qué es la Preclusión?

La preclusión es una figura procesal mediante la cual se puede dar por terminado anticipadamente un proceso penal cuando se presenta alguna de las causales establecidas en el artículo 332 del Código de Procedimiento Penal. En este caso, la Fiscalía había solicitado la preclusión por la causal 6, es decir, por "imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia".

En el caso que nos ocupa, la Fiscal delegada ante el Tribunal de Tunja y Santa Rosa de Viterbo solicitó la preclusión de la investigación contra Roberto Velandia Gómez, argumentando que no había suficientes pruebas para formular una acusación. Sin embargo, esta solicitud fue negada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja, una decisión que posteriormente fue confirmada en apelación por la Corte Suprema de Justicia. 

 Hechos Relevantes 

El proceso contra Velandia Gómez se originó por una denuncia de Ernesto Poveda Salazar, quien alegó que el investigador Ancízar Velázquez Sierra le había solicitado $7,000,000, suma que supuestamente sería compartida con el fiscal Velandia Gómez para liberar un automotor retenido. A pesar de las inconsistencias en las entrevistas y la falta de pruebas directas, el Tribunal consideró que aún existían elementos por investigar.

El Tribunal negó la preclusión, argumentando que la Fiscalía no había agotado todos los medios de investigación posibles. Según el Tribunal, mantener una persona vinculada a una investigación penal sin la posibilidad de resolver el caso mediante una imputación o preclusión por otra causal es inadmisible constitucionalmente. La decisión destacó que la Fiscalía debe demostrar que realizó una investigación exhaustiva y que, pese a ello, no fue posible reunir elementos suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia del indiciado.

Esta sentencia subraya la importancia de la preclusión como una garantía del debido proceso y la eficiencia judicial. La negativa a precluir en este caso específico destaca que la preclusión no puede ser una decisión tomada a la ligera; debe estar fundamentada en una investigación exhaustiva y en la certeza de que no existen más elementos de prueba por recolectar. 

Indica la Corte que en materia de preclusión hay que determinar si la investigación adelantada por la Fiscalía alcanzó el estandar probatorio exigido normativamente conforme el principio de progresividad en el proceso penal. Lo que significa que, en la etapa de indagación, la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia estará atada a que, de los elementos materiales de prueba, evidencia fisica e información legalmente obtenida, se infiera razonablemente que el implicado es el autor o participe del delito que se investiga, nivel de conocimiento imperioso para imputar. 

Si, evaluada la indagación, no se logra el grado demostrativo forzoso para que la Fiscalía acceda al siguiente estadio procesal, procederá la preclusión por el 6° motivo, dado que es constitucionalmente inadmisible mantener a una persona vinculada a una actuación penal que no tenga forma de resolverse para imputar o para precluir por una causal diversa a la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia”.

El caso de Roberto Velandia Gómez ejemplifica los rigores y las exigencias argumentativas del trámite de la preclusión en el sistema procesal penal colombiano. Este mecanismo procesal, esencial para la protección de los derechos del imputado y la eficiencia judicial, debe ser aplicado con cuidado, asegurando que solo se precluyan aquellos casos donde realmente no existen pruebas suficientes para continuar con la acusación. La sentencia AP2662-2024 refuerza el compromiso del sistema judicial con la justicia y la verdad, al exigir una investigación exhaustiva antes de conceder la preclusión. 

Además, reiteró que para solicitar la preclusión por imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, la Fiscalía debe probar que realizó una investigación profunda y exhaustiva, y que a pesar de ello no logró obtener elementos para acreditar la autoría o participación del investigado en el delito. 

 En conclusión, esta sentencia resalta la rigurosidad con la que los jueces deben analizar las solicitudes de preclusión, para evitar que se termine anticipada e injustificadamente una investigación penal cuando aún es viable obtener pruebas sobre la posible responsabilidad del investigado. Ya que, la presunción de inocencia opera como límite y directriz de la actividad investigativa del Estado al imponer a la Fiscalía la carga de desplegar su máximo esfuerzo para recaudar evidencia antes de pretender finiquitar la investigación, pero al mismo tiempo impide prolongar indefinidamente los procesos cuando ya se ha realizado una investigación exhaustiva que, no obstante, resulta infructuosa para constatar la teoría del delito.